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El MEF reitera que nunca ha intentado introducir nuevos avalúos sobre las propiedades, sino ordenar el sistema.

La reglamentación del procedimiento de actualización catastral, suspendida para abrir un periodo de consulta ciudadana, ha generado un debate amplio alrededor del impuesto de inmueble.

El Banco Mundial  entregó desde julio del año pasado un estudio al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  en el que hace una radiografía de dicho impuesto.

El análisis habría generado información importante antes de emitir el Decreto Ejecutivo 130, cuya norma no introduce nuevos avalúos sobre las propiedades, sino que trata de ordenar los registros sobre las fincas en las instituciones públicas que tienen que ver con la administración de tierras y con el cobro del impuesto de inmueble. Así lo han explicado los especialistas en el tema.

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, en el país hay 1 millón 16 mil inmuebles registrados en el sistema.

De este gran total, 218 mil 114 deben pagar el impuesto de propiedad.

Sin embargo, el organismo internacional pudo cuantificar que apenas 97 mil 800 inmuebles le pagan al fisco. Esto implica que el 45% cumple con su obligación tributaria, mientras que la mayoría (55%) está morosa. El Estado estaría supuesto a recibir $422.6 millones, pero en cambio recaudó $151.1 millones en 2015.

Para el consultor fiscal Osvaldo Lau, se trata de una “actitud de no pagar” que ha tomado fuerza en la sociedad, más allá de que las tarifas del impuesto de inmuebles en Panamá son las más altas desde Venezuela hasta México.

Sin embargo, Lau también ha manifestado en ocasiones anteriores que ningún otro país concede exoneración de los primeros 30 mil dólares de todo bien inmueble.

El viceministro de Economía,  Iván Zarak , confirmó que han podido detectar que mucha gente trata de evadir el impuesto de inmueble haciendo una serie de movidas, como construyendo casas en propiedades sin permiso de construcción o declarando un valor mucho más bajo en el terreno que el valor real, y así aprovechar que las mejoras tienen exoneración.

También, dijo Zarak, inscriben una venta por un menor valor en el Registro Público. “Parte se paga en efectivo y parte a través de un financiamiento [con una entidad bancaria]. Solo declaran el valor que están financiando”.

“El Decreto 130 no cambia en absoluto el nivel de recaudación. Solo ordena un poco el sistema, de manera tal que exista la misma información en las entidades del Estado”, reiteró Zarak.

El decreto, suspendido temporalmente, obliga a desglosar en las escrituras de compraventa de una propiedad el valor del terreno y las mejoras.

Hoy, en la escritura solo se pone el valor de la transacción y es la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)  la que hace el desglose.

La norma, ahora en consulta, indica que la información sobre permisos de construcción y ocupación aprobados deberá ser remitida por los municipios a la DGI y a la Anati. Los municipios podrán pedir a la DGI información de los inmuebles morosos en el pago de impuestos para ubicar al dueño y recordar la obligación.

Fuente: http://impresa.prensa.com/economia/Impuesto-inmueble-baja-recaudacion_0_4778522202.html#.WUAN13rp5ko.email